15 noviembre, 2024

Diferendos limítrofes no se solucionan con presión política: Elba Aldana

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La Comisión de Límites Territoriales atiende siete procedimientos por diferendos

Los 11 integrantes de la comisión emiten dictámenes de acuerdo a documentos históricos y planos certificados

Presiones políticas o manifestaciones no influyen en dictámenes finales

Toluca, Méx., a 18 de mayo de 2022. La presidenta de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, Elba Aldana Duarte advirtió que la dictaminación de procedimientos por diferendos limítrofes, no se resuelve por presiones políticas y/o sociales, sino de acuerdo a documentos históricos y planos certificados, y al voto de los 11 integrantes.

En conferencia de prensa, la legisladora de Morena informó que actualmente hay 7 procedimientos en marcha, 6 de ellos heredados por la anterior Legislatura, los cuales se llevan de acuerdo a la ley anterior como Otzolotepec-Lerma; Capulhuac-Ocoyoacac; Teoloyucan-Tepotzotlán-Coyotepec; Teoloyucan-Cuautitlán Izcalli-Cuautitlán México; Jaltenco-Nextlalpan y Zumpango; Tezoyuca-Atenco-Acolman; y uno que se atiende de acuerdo a la nueva ley reglamentaria y corresponde al conflicto entre Ecatepec-Acolman-Atenco.

La Comisión de Límites instalada en octubre de 2021, está integrada por 11 diputadas y diputados de Morena, PAN, PRD, PRI, PT y PVEM, quienes tiene la obligación de tramitar, subsanar y resolver los diferendos limítrofes, y de resguardar la documentación histórica y técnica como planos certificados, y solicitudes ingresadas por los municipios.

Precisó que la Ley Reglamentaria en la materia fue modificada en octubre de 2021, y establece los tiempos para atender los procedimientos, de acuerdo a los días hábiles del calendario, pues antes se consideraban hábiles solo en periodos legislativos, lo que retrasaba por meses las audiencias.
Adicionalmente, la Junta de Coordinación Política tomó el acuerdo de que solo se permitirán dos ampliaciones para que las partes involucradas presentes sus pruebas, una de 30 días hábiles y otra de 15 días, para evitar un alargamiento prolongado de los procesos.

En el caso del diferendo entre Ecatepec-Acolman-Atenco, Elba Aldana explicó que ya se desahogó la primera audiencia donde el alcalde de Acolman ratificó la solicitud de procedimiento para diferendo limítrofe; la alcaldesa de Atenco igual ratificó y pidió ampliación, y el de Ecatepec pidió ampliación.

Por ello consideró que las acusaciones del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras respecto de que se pretende dividir su municipio, muestran que está mal asesorado y desconoce la ley y no tiene voluntad política para que se resuelva un diferendo que hoy tiene a cerca de 40 mil personas sin servicios, porque la comisión legislativa no tiene la atribución de dividir, sino de resolver de acuerdo a documentos históricos y técnicos, y no por presiones políticas ni manifestaciones.

“La Comisión basa su estudio en documentos certificados, no se contempla la presión política o social puesto que para eso tienen la oportunidad desahogarlo en un acuerdo amistoso, el hecho de que vengan ciudadanos a manifestarse, están en su derecho pero ello no influye ni influirá en el dictamen”.

Explicó que la nueva audiencia será para mediados de junio para que ingresen sus justificaciones, y se les preguntará si consideran un acuerdo amistoso, y si no hay tal, sigue en marcha el procedimiento, con desahogo de pruebas, con acompañamiento de peritos, para llegar al dictamen realizado por los 11 miembros y se someterá a votación de la Comisión Legislativa para luego pasar al pleno; si se aprueba, se turnará al Gobernador para que haga los señalamientos correspondientes.

Y adicionalmente un decreto puede ser sometido a controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México, quienes son las últimas instancias para intervenir en una resolución limítrofe.

Subrayó que el diferendo entre Ecatepec-Acolman y Atenco será de los primeros en resolver porque obedece a la nueva ley reglamentaria, puesto que en el resto de casos, los involucrados no quisieron ingresar de nuevo sus solicitudes para regirse por la nueva ley.

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