Necesario garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales: Lara Duque
El abogado José Antonio Lara Duque propuso trabajar para abordar los conflictos sociales desde una cultura de paz, en la cual los grupos históricamente vulnerables en México sean actores que generen herramientas para fortalecer mecanismos de protección y apegadas a su cosmovisión.
El también postulante a la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) mencionó que es primordial que los agentes externos ofrezcan a las comunidades un diálogo permanente y otorguen las herramientas para acercar a los actores en mediaciones –o conciliaciones– que generen certidumbre a sus representantes.
A los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mexiquense resaltó que datos del Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana, ubican entre 2017 y 2020, en el estado de México un total de 52 conflictos activos por megaproyectos.
De estos, 12 son de tipo de mega infraestructura y vías de comunicación, que afectan gravemente el derecho ambiental y cultural de las poblaciones autóctonas, por eso, agregó el abogado Lara Duque, es indispensable garantizar una consulta debidamente informada.
De estos conflictos, enumeró el abogado por la UNAM, 19 se encuentran relacionados con la extracción minera, 14 de hiperurbanización, tres de extracción hídrica, dos de extracción agroindustrial, uno de extracción de energéticos, otro más mixto (mega infraestructura y extracción minera).
En otros de los casos, dijo, existen 22 que se encuentran en estatus desconocido, 13 en estatus activo, ocho en estatus de construcción, cuatro suspendidos, tres en estatus de planeación y uno en declaración oficial y otro más en estatus de ampliación.
En este sentido, el postulante a la presidencia de la Codhem mencionó que estos proyectos afectan preponderantemente a las poblaciones indígenas, comunidades de campesinos, ejidatarios y comuneros; sin embargo, advirtió, los municipios metropolitanos también padecen los efectos de megaproyectos por su ubicación geográfica estratégica.
“Estas afectaciones requieren acciones que garanticen que los impactos no vulneren el derecho a un medio ambiente sano, vivienda digna, acceso asequible y accesible al agua, o bien, que no se conviertan en un foco de conflicto que generen ingobernabilidad”, convocó.
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