Apoyan la amplia revisión de los informes de las cuentas públicas
• Comisiones legislativas analizaron la propuesta para fortalecer la defensoría pública estatal.
• Muchas personas pierden su libertad y/o patrimonio por no contar con una defensa legal adecuada: Elizabeth Millán.
• Inician análisis de propuesta para profesionalizar titulares de los organismos de agua potable.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local aprobó por unanimidad que, para la revisión de los Informes de Resultados de las cuentas públicas presentados por el Órgano Superior de Fiscalización, la Comisión de Vigilancia realice las reuniones de trabajo que sean necesarias y que para ello podrá contar con la presencia de la persona titular del organismo fiscalizador.
De acuerdo con el dictamen de reforma al artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, impulsada por la diputada Lizbeth Veliz Díaz, se busca una adecuada correlación entre la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, respecto al esquema para la revisión del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas.
Analizan propuesta para fortalecer la defensoría pública estatal
La diputada María Elizabeth Millán García destacó la necesidad de duplicar el número de defensoras o defensores públicos y de peritos de la entidad, que actualmente solo suman 407 y nueve respectivamente, para aligerar su carga de trabajo y garantizar el derecho a la defensa y acceso a la justicia de las y los mexiquenses.
En reunión de trabajo de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la legisladora apoyó la viabilidad de su iniciativa en el hecho de que, algunas estimaciones señalan que 15% de las personas presas en el Estado de México son inocentes, y ellas representan un gasto anual promedio de 505 millones 890 mil pesos, cifra cinco veces más alta que la nómina de los defensores públicos y peritos que sería necesario contratar.
La legisladora explicó que anualmente un defensor público realiza 430 actuaciones en materia penal y uno adscrito a asuntos diversos realiza 150 patrocinios, por lo que su iniciativa establecería un número de defensores públicos asignados a cada distrito judicial y juzgado de manera específica y por materia, además de vigilar y controlar el número de procesos asignados para evitar sobrecarga de trabajo, pues muchas personas pierden su libertad y/o patrimonio por no contar con una defensa legal adecuada.
La propuesta busca establecer la permanente profesionalización de los defensores y la asesoría para quienes busquen sus servicios, mediante la creación de la Unidad de Profesionalización y Evaluación para Defensores Públicos, así como de la Unidad de Vigilancia y Seguimiento de Procesos.
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