REFORMA SOBRE VIOLENCIA POLÍTICA Y PARIDAD DE GÉNERO, UNA REALIDAD: LX LEGISLATURA
• El Congreso estableció que no podrán ocupar cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres
Con la emisión de la declaratoria de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se materializan las reformas aprobas por la LX Legislatura mexiquense en contra de la violencia política hacia las mujeres, para fortalecer la defensa de los derechos político-electorales de las mexiquenses, eliminar el lenguaje sexista y garantizar la paridad de género en los puestos de elección popular.
En sesión deliberante, la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), presidenta de la Directiva, emitió la declaratoria de la reforma constitucional una vez que se recabó la votación de los ayuntamientos mexiquenses, como integrantes del Constituyente Permanente, por lo que solicitó remitirla al Ejecutivo estatal para los efectos conducentes.
La legisladora Beatriz García Villegas (Morena), secretaria de la Directiva, dio lectura al documento aprobatorio de las reformas constitucionales que fueron aprobadas por la Legislatura el pasado 13 de agosto.
Además de la reforma constitucional, ese día las diputadas y los diputados aprobaron reformas a la legislación estatal para replantear la definición de violencia política de género y extender la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad, introducir el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente en la normatividd estatal y fijar sanciones por violencia política de género contra candidatas.
Con dichas reformas no podrán ocupar cargos públicos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia política contra las mujeres debido a su género, por ser deudores alimentarios, por violencia familiar o de género o delitos contra la libertad sexual.
De acuerdo con lo anterior, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deberá crear un padrón de las personas condenadas por los citados delitos, el Instituto Nacional Electoral podrá solicitar información para saber si los aspirantes a candidatos a un cargo público tienen referencias de este tipo de conductas y quienes tengan antecedentes de violencia política no podrán ocupar candidaturas en 2021.
La reformas también establecieron sanciones por violencia política de género en contra de candidatas; que los entes públicos observen los principios de igualdad y equidad de género; que las listas de representación proporcional se integren por fórmulas compuestas por una persona propietaria y una suplente del mismo género; que los partidos políticos asignen recursos para la creación, fortalecimiento y difusión de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, y que sea su obligación promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes.
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