COLABORAN PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL EN ANÁLISIS DE LA LEY DE AMNISTÍA
• Los diputados Max Correa, Sergio García, Gerardo Ulloa y Julio Alfonso Hernández se reunieron con el magistrado Ricardo Sodi
• El análisis de las iniciativas se desarrolla en un ejercicio de parlamento abierto
En un ejercicio de cooperación entre los poderes públicos, los diputados Sergio García Sosa y Gerardo Ulloa Pérez, presidente y secretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, respectivamente; Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y Max Agustín Correa Hernández, secretario de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se reunieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM), Ricardo Sodi Cuellar, para continuar el análisis de la iniciativa de Ley de Amnistía para la entidad.
En el Salón Presidentes del Palacio de Justicia, los legisladores abordaron, con el magistrado y servidores públicos del TSJEM, un análisis teórico-jurídico que inicialmente abarcó las distinciones entre amnistía, indulto y preliberación.
Las iniciativas presentadas en diferentes momentos por los grupos parlamentarios de Morena, PT y PRD, y por el activista de derechos humanos José Humbertus Pérez Espinoza, se analizan de forma conjunta y se integrarán en un solo proyecto de decreto.
Las y los legisladores acordaron en junio pasado analizar las iniciativas en un ejercicio de parlamento abierto, a fin de recabar opiniones de la sociedad civil, poderes públicos y dependencias para elaborar una ley que beneficie realmente a la sociedad y a quienes están en prisión injustamente. En su momento, Max Correa, presidente de la Diputación Permanente de la 60 Legislatura, afirmó que con esta ley se impulsa la reconciliación de la sociedad con las instituciones de justicia, la paz social y el despoblamiento de las cárceles.
Durante la reunión se expuso un análisis estadístico sobre los tipos penales relacionados con la iniciativa de ley y se informó que de 2015 a 2019 fueron sentenciadas a pena de cárcel 2 mil 799 personas por delitos no graves, quienes representan aproximadamente 4% de la población penitenciaria.
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