Proponen que juntas escolares se realicen por plataformas digitales
- Las instituciones educativas definirán las plataformas que sirvan a este propósito.
- Se busca una mayor participación y seguimiento del estudiantado por padres y madres de familia.
Al establecer que madres y padres de familia de menores estudiantes coadyuven a la vigilancia de sus actividades escolares y estén al pendiente de su desarrollo académico, la diputada Silvia Barberena Maldonado (PT) propuso que padres y madres de familia puedan dar seguimiento a través de plataformas digitales, asistiendo de manera virtual a juntas escolares, reuniones de orientación o similares a las que convoquen las instituciones educativas.
De acuerdo con su propuesta de reformas a la Ley de Educación de la entidad, corresponderá a la autoridad educativa formular e implementar programas específicos, en coordinación con otras instituciones públicas para identificar, prevenir y, en su caso, atender conductas que puedan afectar la integridad física, moral o psicológica del educando y de la comunidad escolar que podrán ser a través de plataformas digitales para padres, madres o tutores trabajadores.
También deberá dictar medidas para resolver situaciones emergentes o imprevistas que pongan en riesgo a la comunidad escolar, además de promover ante las autoridades competentes la identificación, prevención y atención de conductas delictivas que afecten la integridad física, moral y psicológica de los estudiantado, docentes e integrantes de la comunidad escolar.
Adicionalmente, cuando se trate de reuniones mensuales de prevención, los padres y madres de familia o tutores trabajadores, podrán participar vía remota a través de las plataformas electrónicas que la institución establezca.
La iniciativa recuerda que en el Estado existen actualmente 4 millones 260 mil estudiantes en instituciones públicas y privadas de educación básica, media superior y normales, y una plantilla de maestros y maestras mayor a 245 mil docentes que laboran en 22 mil 300 planteles educativos, lo que permite dimensionar el impacto de la propuesta que será analizada por las comisiones de Trabajo y Previsión y Seguridad Social y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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