Colaboración entre poderes públicos fortalece Estado de Derecho
• La primera reunión del Sectec con juzgadores fue encabezada por Mauricio Valdés y el magistrado Ricardo Sodi.
• Se deben fortalecer los derechos humanos, regular la maternidad subrogada y elevar la mediación a nivel constitucional: magistradas.
La colaboración entre Poderes, así como el respeto y protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos fortalecen el Estado de derecho, coincidieron el coordinador general del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), Mauricio Valdés Rodríguez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.
En el inicio de los Diálogos con juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de la entidad, para recibir sus propuestas para la reforma integral de la Constitución, Mauricio Valdés expuso que la ciudadanía quiere y espera que los Poderes del estado dialoguen y colaboren, además de escuchar y atender las demandas de la ciudadanía, pues “sin justicia no existe Estado de derecho”.
Valdés Rodríguez añadió que, ante la pandemia y la crisis económica, “saldremos mejor si hacemos transformaciones profundas e integrales en la vida política y en el gobierno estatal, y si construimos un Estado de derecho moderno, donde abatir la impunidad sea la nota característica”.
El magistrado Ricardo Sodi afirmó que la construcción del Estado de derecho se realiza a partir de la colaboración efectiva de poderes, que ejercen pesos y contrapesos entre sí, de un Estado que protege los derechos humanos de los ciudadanos, así como las garantías institucionales de equilibrio de poderes, y agregó que para lograr esa colaboración efectiva el Poder Judicial aporta su valioso capital humano.
Presente en el encuentro vía digital, la magistrada Blanca Colmenares Sánchez se pronunció por una norma fundamental que privilegie la defensa, promoción y ampliación de los derechos humanos, que precise el concepto de interés superior del niño y derechos de los grupos vulnerables y que eleve a ese rango los medios alternativos de solución de conflictos, como la mediación, además de incluir la regulación de la bioética y de la maternidad subrogada.
La magistrada María Alejandra Almazán Barrera coincidió en actualizar el tratamiento del tema de derechos humanos conforme a la Constitución federal, así como incorporar otros derechos básicos reconocidos internacionalmente, como el de patrimonio y la prohibición de la usura. Se pronunció por elevar la actual Sala Constitucional estatal a un verdadero Tribunal Constitucional con mecanismos de control y resoluciones vinculantes para que la ciudadanía tenga adonde acudir para demandar la protección de sus derechos.
El consejero de la Judicatura, Gerardo de la Peña Gutiérrez, propuso que se analice la posibilidad de que, ante el rediseño constitucional, se plantee un catálogo mínimo de derechos que tendrían los trabajadores al servicio del estado y de los municipios.
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