RINDEN PROTESTA LEGISLADORA Y EL SECRETARIADO TÉCNICO PARA EL ANÁLISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
• Sara Domínguez sustituye a Mercedes Colín, quien solicitó licencia absoluta.
• Quedaron pendientes dos designaciones del secretariado
La LX Legislatura mexiquense tomó protesta a Sara Domínguez Álvarez como diputada local por el décimo distrito electoral local y a los integrantes del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México, cuya conformación fue aprobada por unanimidad de votos.
La presidenta de la Directiva, la diputada Karina Labastida Sotelo (Morena), dio la bienvenida a la legisladora Sara Domínguez, quien se integra al grupo parlamentario del PRI, y le expresó sus mejores deseos en el cumplimiento de su encomienda.
También por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, remitido por su presidente, el diputado Maurilio Hernández González, se aprobó la conformación del Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México.
La vicepresidenta de la Directiva, diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro (PAN), dio lectura al acuerdo por el que Mauricio Miguel Ángel Valdés Rodríguez fue designado como coordinador general; Rodolfo Rubén Islas Ramos, como secretario técnico, y Óscar Andrés Silva Macedo como subcoordinador de Vinculación; además, indicó que los nombramientos en las subcoordinaciones de Análisis Constitucional y de Análisis Institucional quedaron pendientes.
Con estas designaciones se inició el proceso de transformación integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y se elaborará un protocolo de investigación legislativa para el análisis del texto constitucional desde las perspectivas jurídica, política, sociológica y de gobernanza.
De acuerdo con la propuesta de la Jucopo, los cambios sociales y políticos, así como las necesidades económicas y el mejoramiento de la gestión pública, hacen que la ciudadanía demande una reforma estructural de las instituciones para que la política, la gobernanza, la administración pública, la justicia y la economía adquieran un real contenido ético que vea a la dignidad como el valor supremo del pueblo y reconozca la pluralidad que caracteriza a la entidad.
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