VIOLENCIA FAMILIAR, DELITO GRAVE, PROPONE EL PAN
Que la violencia familiar sea considerada en el Código Penal del Estado de México como un delito grave para que el acusado no pueda llevar su juicio en libertad y no se ponga así en riesgo a las víctimas, fue lo propuesto a la 60 Legislatura por las diputadas Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García e Ingrid Schemelensky Castro y por el legislador José Antonio García García, en nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
En el planteamiento de su iniciativa, con la que se reformaría el artículo 9 del Código Penal, Brenda Escamilla indicó que la violencia familiar no se trata de hechos privados ni aislados, sino que es social y de interés público, e indicó que en 2017 fueron asesinadas 80 mil mujeres en el planeta (según la Organización Mundial de la Salud), de las cuales más de la mitad murieron a manos de algún familiar.
“La violencia familiar puede derivar en homicidio, feminicidio, violación, incluso en suicidio. Las mujeres víctimas regularmente ocultan el hecho, lo que explica el bajo índice de denuncias, e incluso sienten temor de solicitar ayuda en las dependencias gubernamentales, donde lamentablemente algunos Ministerios Públicos intentan convencerlas de no denunciar o las presionan para que perdonen”, expresó desde tribuna.
De los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que hay en México, detalló, 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación, y enfatizó que el no prestar atención a la violencia familiar cuando comienza o ignorarla y permitir que los agresores salgan impunes del maltrato que provocan hace que se empodere al agresor y se vulnere a la víctima.
“El país y el Estado de México están viviendo una crisis social muy grande y tal parece que hace falte recurrir a los medios de comunicación para ser atendidos con interés por las autoridades”, reprochó tras denunciar que las instituciones de justicia empoderan al agresor y violentan a la víctima. La propuesta fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, para su dictamen.
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